Por primera vez en sus más de dos siglos de historia, Estados Unidos ha empezado a juzgar este lunes a un ex presidente en un proceso penal que puede acabar con el ex mandatario en la cárcel. Donald Trump, que es también el virtual candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre -además del favorito en las encuestas- va a pasar las próximas semanas en un juzgado de Manhattan en un caso por la presunta violación de la regulación de las campañas electorales y falsedad documental que puede conllevarle a 20 años de cárcel.
La clave es la ocultación por Trump de sus pagos a la actriz pornografica ‘Stormy’ Daniels y a la modelo erótica de ‘Playboy’ Karen McDougal, a cambio de que mantuvieran en secreto durante la campaña electoral de 2016 el hecho de que habían tenido relaciones sexuales con él. Al no declarar ese dinero (130.000 dólares, unos 122.000 euros, en el caso de Daniels) como gasto de campaña, Trump, según la Fiscalía, violó la legislación electoral estadounidense. A eso se suma la presunta falsificación de documentos para ocultar los pagos. En total, el ex presidente se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel.
La sesión del lunes se ha centrado en la selección de los miembros del jurado que determinará si Trump es inocente o culpable. Las preguntas que abogados y fiscales hicieron a las más de 500 personas preseleccionadas para ser parte del jurado son extraordinariamente significativas del clima político envenado y proclive a la violencia en el que vive una parte de Estados Unidos, al menos cuando se toca el tema de Donald Trump.
Las cuestiones incluyen si han formado parte de grupos violentos de ultraderecha como los Oath Keepers o los Proud Boys, o si creen en la teoría conspiratoria QAnon, que sostiene que Donald Trump lucha en solitario (aunque algunas variaciones de esa narrativa dicen que lo hace con la ayuda de Vladimir Putin) contra una red de pederastas caníbales que controla el mundo. Fiscales y abogados también están interrogando a los potenciales miembros del jurado si pertenecen o han tenido vínculos con los llamados «Antifa» («antifascistas»), una denominación genérica bajo la cual se ocupan diversos grupos de extrema izquierda, algunos de ellos muy violentos.
Trump, fiel a su tradición, ha criticado el proceso. A su entrada a los juzgados se ha dirigido brevemente a las cámaras de televisión y ha declarado que el proceso es «un asalto a nuestro país» y «un ataque a un oponente político». El ex presidente ha declarado que si gana las elecciones en noviembre se vengará de sus enemigos y usará a su fiscal general (cargo equivalente al de ministro de Justicia en España) para «que investigue a ese hijo de puta».
Con anterioridad, el ex presidente había insultado al juez del caso, Juan Merchan, y hasta a la hija de éste, que tiene una empresa de consultoría política que trabaja con el Partido Demócrata, al que pertenece Joe Biden, el hombre que le derrotó en las elecciones de 2020. Merchan ha impuesto una orden de silencio a Trump, pero éste, como suele ser habitual en él, no la ha respetado.
LOS CARGOS MÁS DÉBILES
Los cargos contra Trump son los más débiles de los de los cuatro procesos penales que afronta. Pero no por ello el caso es irrelevante. La estrategia del ex presidente de ir retrasando, con todo tipo de recursos, los juicios, hace que éste vaya a ser el único en el que se dicte sentencia antes de las elecciones.
Eso le ha dado excelentes resultados en el más serio, que es el de los secretos de Estado que robó de la Casa Blanca cuando perdió las elecciones, gracias en buena medida la colaboración de la jueza del caso Eileen Thomas, que fue puesta en el cargo por Trump, que lleva un año al frente del caso y está tratando de retrasar su inicio hasta después de las elecciones, para que así no afecte a las aspiraciones presidenciales del candidato republicano.
El ex presidente también ha contado con la ayuda del Tribunal Supremo, que está dilatando todo lo que puede el caso sobre la supuesta inmunidad legal del presidente, lo que ha retrasado otro caso en Washington por su intento de robar las elecciones.
En el caso de que Trump fuera condenado, podría tener un impacto significativo en los comicios, dado que algunos de sus seguidores dicen que no votarían por él si es declarado culpable. En todo caso, si se produjera una sentencia condenatoria, Trump iría al Supremo, con lo que no ingresaría en prisión al menos hasta después de los comicios. Al ser un juicio en un estado, no es competencia del Gobierno federal, por lo que Trump no podría perdonarse a sí mismo en el caso de que alcanzara la presidencia.
Aparte, el juicio tiene un aspecto puramente material para Trump. La vista durará de seis a ocho semanas, y el ex presidente deberá estar en la sala todos los días de la semana, con la excepción del miércoles. Eso solo deja a Trump tiempo para hacer campaña -que es como verdaderamente conquista a sus votantes- y para recaudar fondos tres días a la semana: el miércoles, el sábado y el domingo.
Otro factor de resultados imprevisibles es cómo afectará el juicio al mensaje del ex presidente y ahora candidato. El electorado de Trump ha mostrado relativamente poco interés por sus procesos legales, pero el ex presidente se ha referido a ellos una y otra vez en sus mítines.
Eso distrae la atención de los puntos fuertes de su campaña, que son el rechazo a la inmigración -ilegal y, cada vez más, también legal-, las tensiones raciales y los ataques a Joe Biden. Todo eso conforma un panorama nuevo. Claro que, a fin de cuentas, que se juzgue a un ex presidente es algo que en EEUU solo pasa una vez cada dos siglos y medio.
